Las redes sociales piden el tercer grado para una mujer que fue separada de su bebé de 15 meses

Se llama Nerea González Rivera y tiene un bebé de 15 meses al que no ha podido ver desde el pasado 26 de enero, cuando fue separada del pequeño para ingresar en la prisión del municipio de Villanubla en Valladolid. La madre, de 31 años de edad, fue condenada a 9 meses por quebrantar una orden de alejamiento. El mes pasado solicitó el indulto pero le fue denegado, por lo que decidió pedir el tercer grado para seguir amamantando a su hijo. Aún está a la espera de que la Junta de Tratamiento Penitenciaria le dé una respuesta.

La prisión en la que fue encarcelada Nerea no tiene pabellón de madres, por lo que no puede ejercer el derecho de estar junto a su hijo. La penitenciaría más cercana, ubicada en Palencia, contaba con un módulo de maternidad que fue cerrado a causa de los recortes. Las autoridades le han ofrecido el traslado a Madrid o a Valencia, pero esta alternativa no es viable porque la mujer tiene otro hijo que no podría trasladarse para visitarla.

Los usuarios de las redes sociales, indignados por que se está vulnerando el derecho del niño a estar junto a su madre, se han solidarizado con los familiares y amigos de Nerea para apoyar la solicitud de un régimen de semilibertad que le facilite seguir amamantando.

El tercer grado penitenciario le permitiría cumplir su condena en un Centro de Integración Social (CIS) para poder estar junto a su bebé. «El abogado dice que si entra en un CIS dormiría allí, pero las instalaciones le permitirían ir cumpliendo la condena mientras realiza trabajos sociales y, de este modo, podría tener a su hijo todo el día con ella», asegura Sandra González, portavoz de la plataforma de apoyo que se ha formado para solicitar el tercer grado.

Manifestaciones de apoyo

Hace cinco años un juez le impuso a Nerea González y a su ahora expareja una orden de alejamiento mutuo tras haber mantenido una relación conflictiva con malos tratos de por medio. Desafortunadamente, después de que el juez emitiera la sentencia, la pareja coincidió en una calle de Valladolid y se enzarzó en una discusión por lo que ambos fueron juzgados.

Los simpatizantes de González han creado una plataforma de apoyo en Facebook y una petición formal para pedir a la justicia el indulto o, en su defecto, el tercer grado, que permitiría a la mujer reencontrarse con el pequeño. Bajo el hashtag #YoSoyNerea los usuarios de las redes sociales apoyan la causa de la vallisoletana.

Además del apoyo virtual, se han realizado diversas movilizaciones para respaldarla. «Ayer se hizo una concentración en Valladolid a la que asistieron unas 200 personas. También estamos recogiendo firmas a través de Avaaaz y tenemos el apoyo de diversas asociaciones de maternidad y crianza», puntualiza Sandra González.

Se vulneran  los derechos del bebé

Según el artículo 38 del Reglamento Penitenciario, las madres internas tienen derecho de estar junto a sus hijos siempre y cuando sean menores de tres años. Sin embargo, lejos de facilitar la reunión entre la madre y su pequeño, «a Nerea se le ha ofrecido una pastilla para retirarle la leche porque insisten en que no puede tener ahí al menor», asegura Sandra González, quien insiste en que la Nerea quiere continuar amamantando a su bebé.

Varios colectivos de apoyo a la mujer consideran que una sanción de 9 meses por un delito menor es exagerado. Mónica Felipe, licenciada en Derecho y Experta en Género y Salud, considera que se trata de «una situación profundamente injusta y cruel», no solo porque se está incumpliendo la ley sino porque «se trata de un delito menor y la mujer nunca supuso un peligro para la sociedad».

«Claramente se está privando a una madre del derecho de estar con su hijo menor y a su vez se vulnera el derecho del bebé de estar junto a su madre», advierte Felipe.

Por su parte, la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos también ha manifestado su apoyo a Nerea: «Ella ha rehecho su vida, formó una familia, tiene dos hijos, uno de ellos aún bebé, no es peligrosa ni existe riesgo de que vuelva a delinquir, y sus hijos la necesitan. Por razones estrictamente humanitarias creemos debería aplicársele el tercer grado sin ninguna demora, porque cumple sobradamente lo que al efecto establece el Reglamente Penitenciario y su condición de madre es absolutamente incompatible con su permanencia en prisión».

«La condena a una pena de prisión en la que no se respetan sus derechos como madre, ni se atiende a las necesidades de unos menores incumple la función que debe tener toda sanción que es la de corregir y rehabilitar y dejan a esta familia en situación de maltrato, esta vez institucional», asegura la asociación en un comunicado en el que también aclaran que Nerea superó una situación de malos tratos «de la mejor manera que pudo». Sin embargo, el juez consideró en su fallo que se trataba de un caso de violencia familiar y no de género.